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viernes, 5 de julio de 2019

De la humanización de la medicina a la deshumanización de los profesionales








El bienestar del médico es un tema que impacta de lleno en la calidad y cantidad de asistencia que los sistemas sanitarios pueden dar a la sociedad. Tan solo hay que revisar varias de las entradas de los últimos meses y algunos artículos que incluso cuantifican el coste y despilfarro que supone el burnout en las organizaciones sanitarias. Tal como se ha puesto de manifiesto en esos trabajos, en el bienestar profesional influyen los factores organizativos, las cargas laborales, la alienación de los valores de las organizaciones y los profesionales, la autonomía del profesional para gestionarse el trabajo e, incluso, los modelos de programas de gestión de la información y de la historia clínica y su usabilidad.


También se reclama en distintos foros de pacientes y de profesionales  la necesidad de favorecer una experiencia que no deshumanice al paciente en su interacción con un sistema sanitario que tiende a la industrialización de los procesos asistenciales. Es sabido que para aumentar la eficiencia y fiabilidad de los procesos asistenciales, una parte (aproximadamente un tercio de los mismos) pueden y deben ser industrializados en la medida de lo posible, con beneficios para los pacientes y el sistema y, también, para los profesionales.

Pero hasta el profesional más competente, cuidadoso y resiliente puede cometer fallos en un sistema aparentemente infalible.

La reacción emocional tras cometer un error médico puede ser muy variada. Es distinta dependiendo de factores como el impacto del error cometido y, sobre todo, de la litigiosidad posterior a ese evento, que además puede condicionar la práctica profesional. En un reciente artículo se revisan todas las esferas de afectación de los profesionales respecto al síndrome clínico judicial, descrito por el Dr. Hurtado-Hoyo, a propósito de la necesidad de organizar una atención psicológica a médicos que han pasado por la “pena de banquillo”. Las consecuencias son varias, como se describe en el artículo del Dr. Arimany et al., resaltando que el 80% de los profesionales evaluados tras una demanda judicial presentan una reacción emocional significativa en algunas situaciones. En casos extremos, el impacto puede llegar hasta el suicidio del profesional afectado. Los que hayan leído When Breath Becomes Air (traducido al castellano como Recuerda que vas a morir, Vive), de Paul Kalanithi, recordarán al residente de cirugía, compañero de residencia de Paul, que se acaba suicidando tras no superar el impacto del fallecimiento de un paciente por un error médico. Existen trabajos que recogen toda esa variedad de reacciones, entre ellas la famosa medicina defensiva, instaurada en muchas de las acciones que hacemos sin ningún motivo clínico, como resaltaba recientemente el Dr. Vallejo en su post. De hecho, la búsqueda de “malpractice and defensive medicine” arroja 2.450 artículos en Scholar Google solo desde 2018 hasta la actualidad y en algunas publicaciones explica como la práctica de la medicina defensiva se cuela en la docencia.

Recientemente, el BMJ ha publicado un editorial, Abandon the term “second victim”, que ha generado controversia en torno a la conveniencia de llamar segunda víctima a los profesionales que han estado involucrados en un caso de mala praxis en el que el paciente ha sido víctima primaria. Algunas de las coautoras pertenecen a organizaciones como Mothers against medical errors o también Citizens for patient safety. Los argumentos que aducen se relacionan con la falta de responsabilización del sistema y, a escala individual, de los profesionales cuando se ha producido un error. La exculpación se produce aduciendo que el error es del sistema y por lo tanto diluye la responsabilidad de quien ha estado implicado directamente en el proceso/procedimiento. Además, se argumenta que los profesionales, al llamarse segunda víctima, se apropian del sufrimiento que le es propio al paciente y a su entorno. 

Las respuestas a dicho artículo, que se pueden consultar, son variadas. No obstante, hay que destacar que negar el derecho del médico a la reacción emocional, tanto por la consecuencia negativa de su intervención en el paciente como por el temor a las consecuencias derivadas de su práctica profesional, supone un acto de deshumanización del profesional por parte de la sociedad. Y, para el sistema, los cambios de comportamiento de un profesional, virando previsiblemente hacia una medicina defensiva, suponen alejarse de la buena práctica profesional. Desde el Área de Praxis del Colegio de Médicos de Barcelona, la Dra. Gómez Durán también respondió a dicho artículo y la respuesta ha sido publicada por el mismo BMJ. El término segunda víctima puede gustar más o menos, pero ha ayudado a visibilizar el impacto que tiene una situación tan compleja que implica obtener el resultado opuesto al deseado con la intervención médica y ha creado una consciencia respecto a la necesidad de abordarlo. Además, pese a la aparición del término segunda víctima, no han dejado de crecer las iniciativas encaminadas a mejorar la seguridad de los pacientes y, por lo tanto, este no ha supuesto un motivo de relajación de las políticas de seguridad de las instituciones sanitarias.  

Así, sin dejar de considerar el debate en curso, me parece relevante tener un buen sistema de soporte psicológico para aquellos profesionales que se puedan ver involucrados en una vía judicial y que ello repercuta negativamente en su práctica profesional, perdiendo calidad en sus intervenciones o incluso interrumpiendo su actividad profesional. Y es que el sufrimiento de los pacientes como víctimas no es exclusivo de ellos, ni debe obviarse que el profesional también sufra por ello. No obstante, creo que es aún más relevante combatir la medicina defensiva que practicamos debido a ese miedo a la litigiosidad y el hacer cosas sin ningún motivo. Por último, creo que es justo reivindicar que la humanización de la atención clínica sea bidireccional entre sus dos protagonistas, basada en la confianza, la comprensión de la incertidumbre y de la falibilidad, sin renunciar a reclamar entornos de trabajo más seguros y procesos que minimicen la posibilidad de error.

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