Innovación farmacéutica, ¿al servicio de quién?

El gasto farmacéutico, que en Cataluña superó los 2.500 millones de euros en 2018, crece a un ritmo desbocado y está tensionando seriamente el sistema sanitario y mermando otras partidas como la de personal y la de renovación de equipos e instalaciones, aun más necesarias después de una larga etapa de recortes en sanidad. Quico Puigventós, farmacéutico de hospital jubilado –aunque activo como el que más– y coautor del libro Medicamentos: ¿derecho o negocio?,(1) señalaba recientemente que con los más de 550 millones de euros de incremento del gasto farmacéutico en Cataluña en los últimos cinco años se podrían haber contratado 11.000 profesionales sanitarios.



El problema está relacionado, desde luego, con el crecimiento exorbitado del precio de los medicamentos, que compromete la accesibilidad a tratamientos necesarios y la sostenibilidad del sistema, pero también con la sobremedicación de la población con medicamentos que no necesita y que le causan más daños que beneficios.

Sobreprecio de los medicamentos

El encuentro con mi colega Quico Puigventós, además de agradable, fue muy fructífero. Me habló de un excelente informe de la Fundación Alternativas que les recomiendo: “Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública”.(2) Los autores, Fernando Lamata y Ramón Gálvez, analizan la amenaza que la escalada del precio de los medicamentos supone para la sostenibilidad financiera del sistema y sus causas y, lo que aun es más interesante, formulan un conjunto de propuestas muy valientes.

Según este informe, la causa del desequilibrio está en el monopolio abusivo que los gobiernos otorgan a la industria farmacéutica mediante el sistema de patentes y otros mecanismos de exclusividad que se aplican a partir de los años setenta-ochenta en Europa y aun antes en Estados Unidos. El objetivo inicial de la concesión de patentes en el sector farmacéutico era establecer un “sobreprecio” (posibilidad de fijar un precio muy por encima del coste de producción) durante el período de protección, que se justificaba en principio por la necesidad de financiar la investigación y fomentar la innovación en beneficio de la sociedad. Sin embargo, según los autores, el resultado no ha sido el que supuestamente se buscaba, al menos para la sociedad.

No hay evidencia de que las patentes hayan aumentado la innovación que la sociedad necesita. De hecho, en Alemania, antes de la existencia de patentes la innovación era mayor que en Estados Unidos donde ya se aplicaba. Gran parte de las patentes presentadas se centran en mejoras menores de patentes anteriores, o en la búsqueda de indicaciones marginales y no en solucionar problemas urgentes como la falta de antibióticos frente a microorganismos multirresistentes, por no hablar de las enfermedades olvidadas que causan millones de muertes en el mundo, o el desabastecimiento creciente de medicamentos baratos que constituyen la única alternativa para algunos pacientes.

En las etapas preclínicas, gran parte de la innovación se desarrolla en universidades y centros de investigación financiados con fondos públicos. El “sobreprecio” sobre los costes de producción supera con creces la inversión real en innovación, de manera que una buena parte se dedica al marketing (léase formación médica continuada, financiación de agencias reguladoras, asociaciones de pacientes, líderes de opinión, etc.). El resto pasa a engrosar los beneficios de los accionistas de las empresas farmacéuticas y la remuneración de sus ejecutivos.  Coincidiendo con la generalización del sistema de patentes, los beneficios sobre las ventas de la industria farmacéutica crecieron hasta alcanzar el 22%, muy por encima del sector industrial que seguía en el 5-7% (2).

El problema no solo afecta a las arcas públicas, sino que en buena parte lo están pagando también los pacientes mediante restricciones en forma de copagos o desfinanciación de medicamentos necesarios que la administración ha ido imponiendo para poder pagar la factura farmacéutica y que impiden el acceso al medicamento prescrito por el médico a dos millones de personas en España, según nos cuenta Fernando Lamata en este vídeo de poco más de un minuto.

Lamata y Gálvez plantean como objetivo final en su informe llegar a firmar un convenio internacional para el acceso a los medicamentos que, en sus propias palabras: “Considere el medicamento como un bien público, un derecho humano y no un producto financiero”. El convenio contempla un modelo alternativo de financiación de la innovación no ligado al precio del medicamento e implica la prohibición de las patentes y monopolios, así como la creación de un fondo global de investigación independiente, alimentado por aportación directa de los países en función de su renta, que defina prioridades de investigación centradas en las necesidades de salud. Puesto que esto no va a ser fácil ni rápido, los autores plantean un conjunto de más de 30 medidas intermedias distribuidas en ocho bloques temáticos de aplicación local, nacional, europea y global a corto, medio y largo plazo que irían contribuyendo a acercarnos al objetivo.

Si disponen de 30 minutos pueden escuchar a Fernando Lamata explicar en primera persona por qué es necesario cambiar el sistema de patentes. Y si desean profundizar más lean Medicamentos: ¿derecho humano o negocio?(1)

En España, hace unas semanas, 19 organizaciones de pacientes y profesionales de la sanidad pública presentaron en el Congreso de los Diputados la iniciativa legislativa popular: “Medicamentos a un precio justo”, en la que proponen impulsar el debate parlamentario y la transparencia, cambiar el sistema de fijación de precios de los medicamentos en España y crear un fondo público de investigación independiente de la industria farmacéutica.  “Casi nada”, dirán ustedes, pero también es cierto que la situación actual es insostenible y que hay que empezar a “mover ficha”.

Sobremedicación innecesaria de la población

Según la Encuesta de Salud de Cataluña 2018, más de la mitad de los adultos y el 95% de los de los mayores de 75 años toman algún medicamento prescrito por el médico, en la mayoría de casos por enfermedades crónicas relacionadas con hábitos de vida poco saludables. Seguro que algunos de los medicamentos que toman estas personas les ayudan, pero ¿son los medicamentos la solución a todos los problemas que padecen? ¿No sería más sensato apostar por intervenciones dirigidas a que las personas lleven una dieta sana, hagan actividad física, socialicen y abandonen el alcohol y el tabaco?

En una entrada anterior, “Prescripción no farmacológica: tratamiento de primera elección”, ya comentaba que las intervenciones basadas en el ejercicio físico tienen una efectividad sobre la mortalidad equivalente a los fármacos. Sabemos que no es fácil cambiar de hábitos pero, tal como nos mostraba Pedro Rey recientemente, existen técnicas basadas en la psicología para modificar el comportamiento.

Lamentablemente, recurrir a la “píldora mágica” es más cómodo, pero no nos engañemos porque  sobre todo es mucho más rentable para el negocio, aunque resulte más caro y peor para nuestra salud y para la del planeta. Fiona Godlee planteaba, en un editorial titulado Pills or public health, la necesidad de elegir entre medicamentos o intervenciones de salud pública en la lucha contra las enfermedades no transmisibles y la enorme presión existente para optar por la vía de los medicamentos (3). Veamos el ejemplo del llamado “hígado graso no alcohólico”. El hígado graso es un síntoma, no una enfermedad, pero afecta al 90% de los obesos y de las personas con diabetes tipo 2. No parece que sea una emergencia para la sociedad encontrar un fármaco para tratar un síntoma de enfermedades modificables con cambios de hábitos, pero existen 100 fármacos en el pipeline de diversas empresas farmacéuticas en una carrera por hacerse con un negocio que se estima en 1,6 billones de dólares (4).

Si uno se pregunta al servicio de quién está el modelo actual de innovación farmacéutica, creo que la respuesta es clara. Desde luego, el modelo de innovación farmacéutica no está al servicio de la sociedad, a la que está empobreciendo y sobremedicando masivamente. Además, este modelo no da respuesta a los verdaderos problemas de salud cuando estos afectan a quienes no pueden pagar el sobreprecio exigido, o a áreas terapéuticas que no son suficientemente rentables. Sin duda se trata de un sistema muy eficiente para unos pocos, pero totalmente ineficiente para el conjunto de la sociedad.


Bibliografía

1. Fernando Lamata, Ramón Gálvez, Javier Sánchez, Pedro Pita, Francesc Puigventós. Medicamentos: ¿derecho humano o negocio? Ediciones Díaz de Santos. Madrid 2017. ISBN:978-84-9052-050-5.
2.  Ramón Gálvez Zaloña, Fernando Lamata Cotanda. Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública Algunas propuestas para impedir los precios excesivos y garantizar un acceso justo a los medicamentos. Fundación Alternativas 2019. ISBN: 978-84-120248-4-5.
3.  Godlee Fiona. Pills or public health? BMJ 2019; 365: l1791.
4.  Godlee Fiona. Pills are not the answer to unhealthy lifestyles BMJ 2018;362: k3046.