Las personas con enfermedades incapacitantes en fases avanzadas, pero también las frágiles, tienen una vida cotidiana pesada. Muchas de ellas sufren limitaciones cognitivas y hay actividades sencillas que ya no pueden hacer, se sienten terriblemente solas y se ven abocadas a la tristeza y a la depresión, sin olvidar que la pobreza es un fantasma que, cuando está presente, lo complica todo.
Desde el sistema sanitario pensamos que conocemos bien a estas personas porque las hemos ido tratando de sus enfermedades crónicas, algunas de ellas durante mucho tiempo y, cuando las dificultades se multiplican, respondemos como siempre hemos hecho: con más medicamentos, más pruebas, más controles o más hospitalizaciones. Esta última opción, la de aumentar las camas hospitalarias y sociosanitarias, la hemos ido modulando para cada subgrupo de pacientes: convalecencia, atención paliativa, hospital de día, larga estancia, residencia asistida, etc. Y así hemos ido construyendo un entramado de recursos de lógica sanitaria por donde transitan personas, para las que los problemas de salud, con toda probabilidad, ya hace tiempo que no son los prioritarios.
Críticos con el abordaje que desde el sistema sanitario, pero también desde el sistema social, se hace de la atención a las personas mayores, un grupo de expertos canadienses ha publicado un informe, "Integrating long-term care into a community-based continuum: shifting from beds to places", en el que se reclama a los gobiernos que, en vez de invertir en la institucionalización de las personas con necesidades sanitarias y sociales complejas, lo hagan en servicios comunitarios; que en lugar de catalogar a los pacientes según los recursos que se cree que se les adecuan más, evalúen qué necesitan para seguir viviendo en su casa. En resumen, los autores del informe piden que se cambie la mentalidad de planificar estructuras por la de valorar necesidades.
En España, la Ley de la dependencia ha sido un fracaso, pero no solo por la carencia de dotación presupuestaria, sino porque solo se ha centrado en los derechos de las personas necesitadas (casi 1,4 millones según un análisis de un grupo de expertos), sin prestar atención a cuáles serían los servicios que más se les adaptarían. Ahora hay gente que cobra, es su derecho, pero no se sabe en qué medida el dinero que reciben les sirve para soportar mejor sus limitaciones. En Inglaterra, en cambio, el proyecto "Personal Health Budget (PHB)" fue construido basándose en la evaluación geriátrica integral y en la elaboración colaborativa de planes terapéuticos individualizados. La iniciativa fue probada primero en algunas zonas piloto y evaluada por Nuffield Trust, antes de ser lanzada como una metodología útil para ofrecer servicios comunitarios a las personas frágiles.
La claudicación familiar es un concepto que engloba circunstancias diferentes. Sin embargo, en un contexto como el nuestro, esta catalogación equivale inequívocamente a institucionalización. Si la planificación, en cambio, se centrara en las necesidades reales, entonces nos daríamos cuenta de que muchas de estas personas, con un apoyo a medida, podrían seguir viviendo en su entorno, lo que probablemente sería más sano y natural. Por lo tanto, como dicen los canadienses, convendría que los gobernantes pensaran menos en presupuestar ocupaciones de camas y más en diseñar servicios a la medida de cada uno.
Jordi Varela
Editor
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