¿Deben costar los medicamentos “lo que valen”? ¿Cuál es su precio justo?

Nota de los editores: Este post fue publicado el 24 de febrero, pero debido al avance de la epidemia que se vivía en aquel momento, creemos que no mereció la atención habitual de nuestros lectores, por lo que hemos decidido darle una segunda oportunidad.

Existe una importante tensión entre la promesa de innovación médica y el acceso a unos precios asequibles a dicha innovación. La introducción de nuevos medicamentos en el mercado a precios cada vez mayores es percibida como el principal inductor del aumento descontrolado del gasto sanitario en la mayoría de los países desarrollados, poniendo en riesgo la viabilidad de una correcta atención sanitaria y creando barreras de acceso. Esta tendencia, que se había moderado en los últimos años por el agotamiento del desarrollo de nuevos productos mediante síntesis química, se ha vuelto a activar con los nuevos productos biotecnológicos. En muchos países, no solo en los menos desarrollados, el coste del tratamiento para enfermedades como el cáncer puede ser inabordable, bien porque recae por completo en el paciente o bien porque el sistema público que lo financia no puede permitírselo. De forma similar, cuando recientemente estuvo disponible una posible cura para la hepatitis C, incluso los países de altos ingresos se encontraron racionando el tratamiento y buscando formas de garantizar su acceso. 

Por otra parte, la industria farmacéutica argumenta que el desarrollo de nuevos medicamentos es una inversión arriesgada, con largos plazos de entrega, resultados científicos inciertos y entornos políticos cambiantes que afectan a los pronósticos de ventas futuras y que, por lo tanto, todo esto debe verse reflejado en los precios de venta. Por ello, la industria busca la protección de los gobiernos para que bloqueen la competencia a través de patentes y otros derechos de exclusividad monopolística, a fin de que las empresas puedan fijar con mayor facilidad un sobreprecio justificado por la necesidad de financiar la I+D de nuevos fármacos. 

Gracias a los altos ingresos y a las asimetrías de información, los laboratorios farmacéuticos tienen además amplia capacidad de inducir la demanda de sus productos mediante su influencia sobre prescriptores y pacientes. Esta influencia se extiende también a quienes deben autorizar y financiar su prescripción y consumo, a precios en cuya fijación los laboratorios tratan ante todo de evitar la capacidad de negociación de los consumidores colectivos más importantes, como son los servicios públicos de salud. La situación comienza a resultar inaceptable. Por ejemplo, un estudio con 1.500 pacientes de 78 países muestra como solo el 9% de los mismos considera que las compañías farmacéuticas “tienen precios justos”. Pero, ¿cuál es el precio “justo” de un medicamento?

Es difícil alcanzar un acuerdo sobre una definición única de precio justo y, en este contexto, los sistemas de salud han luchado para lograr un equilibrio entre la asequibilidad y la necesidad. El recurso habitual que han propuesto tradicionalmente los economistas de la salud, refiriéndose a la disponibilidad a pagar (willingness to pay), para tener una aproximación real al “valor” de un medicamento es muy difícil de justificar. Los economistas del comportamiento sabemos desde hace tiempo que la disponibilidad a pagar depende obviamente de quién es el que acaba pagando la factura y de la necesidad que se crea en un cliente/paciente respecto a un nuevo medicamento, en un contexto en el que es muy difícil dotarlo de información suficiente para realizar una estimación razonable del valor. Por ello, estimar un precio justo desde el lado de la demanda es un ejercicio complicado.

Quizá resulte más sencillo buscar una definición del precio justo desde el lado de la oferta, teniendo en cuenta los costes de producción. La transparencia puede ser un elemento clave para determinar qué es justo. Sin embargo, no existen bases de datos fiables y no sesgadas sobre los verdaderos costes de desarrollo de un nuevo medicamento. Sin datos, resulta difícil aceptar el argumento de que debido a los costes de I+D, incluso teniendo en cuenta la investigación fallida, los altos precios de los nuevos medicamentos son inevitables. 

Existen a su vez serias dudas empíricas sobre el efecto positivo de la protección que otorgan las patentes en la innovación farmacéutica. Es más, bajo dicha protección se argumenta que se han podido producir sesgos no solo en la comunicación de los resultados de la investigación, sino en la orientación de dicha investigación hacia productos donde los intereses comerciales podían ser más importantes que los intereses de salud pública.

Un monográfico de The British Medical Journal describe la evidencia y la investigación adicional que se necesita para equilibrar la asequibilidad y la innovación. La Asamblea Mundial de la Salud de 2019 acordó avanzar hacia la mejora de la transparencia de los mercados de productos sanitarios. La resolución formulada entonces tuvo como objetivo mejorar el intercambio público de información sobre los precios reales pagados por los gobiernos y otros compradores de productos de salud y aumentar la transparencia sobre las patentes farmacéuticas, los resultados de ensayos clínicos y otros determinantes de fijación de precios a lo largo de la cadena de valor, desde el laboratorio hasta el paciente. También solicitó a la secretaría de la OMS que apoye los esfuerzos respecto a la transparencia y supervise el efecto de la misma en la asequibilidad y disponibilidad de productos para la salud.

Precisamente, la concienciación social sobre el problema de sostenibilidad del gasto público sanitario mientras se mantengan precios altos es la razón fundamental de una ambiciosa iniciativa legislativa popular que busca conseguir hasta 500.000 firmas para “abordar la falta de transparencia y el sistema de fijación de precios” a fin de obtener medicamentos a un precio justo (pueden obtener más información aquí). Que la sociedad esté informada sobre las causas y los efectos de un problema, y que muestre su capacidad de reacción ante el mismo, es un primer paso importante para llegar a un acuerdo más razonable sobre como deben fijarse los precios de los medicamentos.

En un reciente informe de la Fundación Alternativas, “Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública”, del que Cristina Roure ya nos habló en este blog, Ramón Gálvez y Fernando Lamata proponen una serie de medidas a corto plazo que podrían establecerse tanto en el ámbito nacional como en el de coordinación entre diversos gobiernos: “Reducción de precios (fijándolos por coste real y no por el valor considerado); refuerzo de la capacidad de negociación de las administraciones públicas con el establecimiento de un comprador grande y único, en lugar de segregarlo en 17 compradores autonómicos; promoción de modificaciones en la legislación europea sobre exclusividad para poder aplicar licencias obligatorias; aumento de la inversión pública directa en I+D; denuncia de vulneraciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con la competencia; promoción de la participación de los profesionales sanitarios y búsqueda del apoyo del conjunto de la sociedad”.