Ya antes de la COVID-19, los países de la OCDE destinaban de media un 7,9% de su PIB al gasto público en salud (6,1% en España) [ver informe Government at a Glance, OCDE 2019]. Tras las pensiones y las prestaciones sociales, el gasto sanitario es en todos los países la partida de gasto público más importante. Por responsabilidad, transparencia y sentido común, es importante saber y analizar a qué se destinan los recursos sanitarios y evaluar los resultados obtenidos gracias a su inversión.
La evaluación de políticas sanitarias se define como aquella actividad que permite valorar el desempeño de la acción pública. Requiere evidencias respecto a su diseño, puesta en práctica, costes y resultados. Tiene que servir para determinar el grado de consecución de los objetivos propuestos, mejorar la implementación de las políticas, contribuir a su base científica y rendir cuentas ante la ciudadanía. Su valor en el ámbito público radica en asegurar información veraz y consistente, orientar la asignación presupuestaria, valorar la calidad del gasto realizado y ayudar a la definición de nuevas prioridades. A la vez, responde a las demandas de la ciudadanía de una mayor transparencia en la acción pública y rendición de cuentas. Es sabido que la mejora de la calidad y la transparencia del gobierno sanitario tiene un impacto en la salud de la población a través de las políticas, de la gestión de las organizaciones y de la práctica clínica (véase este artículo de García-Altés y Argimon).
La evaluación económica es relevante en los tres niveles de organización del sistema sanitario. Veamos algunos casos recientes acaecidos en el ámbito catalán. A nivel macro, el referente a la política sanitaria, permite saber el retorno social de los recursos destinados a la misma: por ejemplo, el análisis de los recursos destinados a cribados masivos de COVID-19 en ciudadanos asintomáticos. A nivel meso, el de la gestión sanitaria, la evaluación ayuda a conocer los impactos de los cambios organizativos de las instituciones, permitiendo detectar las mejores prácticas y así extenderlas al resto del sistema. Sabemos que la comparación entre centros y la retroalimentación de los resultados de forma transparente a los profesionales y a la ciudadanía contribuyen directamente a una mejora de los resultados. Por ejemplo, el análisis del programa de atención domiciliaria pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu. Finalmente, a nivel micro, en el ámbito de la gestión clínica, la evaluación económica permite saber las alternativas terapéuticas más eficientes, facilitando relacionar el coste con los resultados clínicos obtenidos. Véase, por ejemplo, este artículo que analiza la reducción del gasto farmacéutico a través de la adecuación de medicamentos en ancianos polimedicados. En este contexto, cabe destacar la muy loable labor de las comisiones de adecuación de la práctica clínica, que se están extendiendo en varios centros sanitarios.
En la situación económica actual, de recursos escasos e infrafinanciación, las miradas deberían dirigirse más que nunca hacia la evaluación económica como instrumento para informar la asignación de recursos. Se trata de una herramienta tan útil como necesaria para proporcionar información y así ayudar a clínicos y gestores a la mejora de la toma de decisiones, midiendo y comparando la asignación de recursos de una intervención con otra, así como valorando su impacto, escalabilidad y sostenibilidad, siempre con una visión holística, considerando los efectos sobre todos los actores posibles y acompañándola de perspectivas complementarias.
A modo de “veni, vidi, vici”: evaluemos, aprendamos y mejoremos. La salud de la ciudadanía se beneficiará al asegurar que la evaluación económica se incorpore al proceso de toma de decisiones, se disminuya la variabilidad de la práctica clínica y se ejecuten políticas basadas en la evidencia. El retorno social es claro, por lo que todos saldremos ganando si invertimos en evaluación económica de políticas sanitarias.
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