Los modelos de financiación no promueven el valor

Los presupuestos de los sistemas sanitarios públicos y los de las aseguradoras privadas están muy presionados por la aparición constante de nuevos medicamentos, como los antivirus de acción directa para curar la hepatitis C, o de nuevas tecnologías, como los implantes valvulares aórticos transcatéter (TAVI) y, lógicamente, los financiadores gastan muchas energías a limitar el uso de estas innovaciones. La batalla, no hace falta decirlo, tiene un desenlace previsible, porque la conjunción de los inversores con los beneficiarios suele ser letal para los guardianes de los gastos sanitarios. Así las cosas, ahora un artículo basado en la sanidad americana, hace hincapié en el despilfarro inducido por las tarifas "low cost" (si les interesa el tema les dejo un segundo enlace relacionado). El asunto explicado en Health Affairs relataría el extremo opuesto, ya que en vez de "poca actividad muy cara", este análisis se centra en "mucha actividad muy barata" y, parece mentira, pero, al menos en EEUU, en este punto podría haber más derroche que en el primero.

Algunos pensarán que esto aquí no pasa porque tenemos un sistema nacional de salud, un modelo planificado y unos contratos-programa que garantizan tanto la calidad como la adecuación, pero démosle una vuelta. Según el último informe, "Health at a Glance" de la OCDE, de los 3.248 dólares que cada año gasta cada ciudadano español, el 30% lo hace, de media, en la sanidad privada. Un entorno, el de las aseguradoras que, salvo escasas excepciones, se caracteriza por tarifas "low-low cost" con el correspondiente resultado de generar mucha actividad para poder hacer un poco de caja, y si no que les pregunten a los médicos de la sanidad pública que hacen práctica privada por las tardes.

Y ahora centrémonos en la sanidad pública, no en vano representa el 70% del gasto. En este sector, los profesionales cobran salario y, por tanto, el dinero no sigue al paciente. Parece pues que no tendríamos que sufrir por los excesos de las actividades clínicas innecesarias, como les pasa a los americanos o a las mutuas de nuestro entorno. El problema radica, sin embargo, en que el concepto de que el valor más preciado de los sistemas sanitarios es la actividad asistencial está tan arraigado, que los parlamentos autonómicos, la opinión pública, la prensa y los mismos profesionales no hablan de otra cosa, olvidando los efectos del despilfarro inducido por este desenfoque, y si no se lo creen, pongamos ejemplos de algunos de los temas de especial sensibilidad política:

1. El tiempo de espera para que el médico de familia te dé hora tras una petición programada, sin analizar si esa atención habría sido mejor resuelta por un administrativo, por una enfermera o por una trabajadora social.
2. El porcentaje de prescripción de genéricos, sin haber desarrollado indicadores de calidad y adecuación de dicha prescripción (excepto la Central de Resultados de Cataluña).
3. El tiempo de espera para la consulta del especialista, olvidando analizar la oportunidad de la petición de la visita.
4. La tan deseada reducción de las listas de espera quirúrgicas, sin ninguna reflexión en relación a las intervenciones innecesarias o no bien justificadas.
5. Los tiempos de espera en las urgencias hospitalarias, con poca atención a la gran cantidad de personas que acuden con problemas que se deberían atender de manera más apropiada en la atención continuada o en los dispositivos de urgencias de la atención primaria.
6. La estancia media de los pacientes ingresados, con escaso interés por analizar cuántos ingresos deberían haber sido potencialmente evitables.
7. La mortalidad de las UCI, sin tener en cuenta los criterios de adecuación de sus ingresos.

Los gestores y los clínicos hacen bien de prestar atención a la eficiencia. Manejan muchos recursos y es justo que sea así, pero centrarse exclusivamente en ella está ocultando una realidad y es que un volumen importante de la producción (entre el 25% y el 33%) no aporta ningún valor ni a la calidad ni a la cantidad de vida de las personas y, cegados por las cifras de actividad, ni nos damos cuenta.

Ya va siendo hora de que las mutuas empiecen a pagar por el valor de los servicios que compran, mientras que los sistemas públicos, por su parte, deberían reflexionar sobre su manía por medir tanto la actividad, para concentrarse, en cambio, en los resultados en salud.

Jordi Varela

Editor