El pasado 21 de septiembre se presentó ante el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el documento con las 30 medidas propuestas para fortalecer el sistema sanitario, desarrollado por un grupo de expertos nombrados por el propio Gobierno. De motivación "pre-COVID" y con voluntad de transversalidad, agrupa las sensibilidades de los diferentes actores del sistema sanitario en un amplio y trabajado consenso que pretende ser un gran acuerdo de país (si no de todas las propuestas, de un mínimo común denominador, con independencia del "pantone" político), y un punto de inflexión en la política sanitaria catalana. El contenido del documento responde a la necesidad de realizar cambios estructurales, latentes en el sistema, después de un largo periodo de inmovilismo.
Ante la insuficiencia económica, es imprescindible un mejor financiamiento del sistema sanitario público, equiparando el nivel de gasto respecto al PIB con el de países similares y, más importante aún, maximizar el valor del dinero público destinado a salud. Para ello es esencial disponer de una agencia de evaluación sanitaria que informe, fundamente, optimice y racionalice la toma de decisiones con criterios de coste/efectividad y con carácter vinculante. Y hacerlo, tal y como apuntaba hace unos días el profesor López Casasnovas, al estilo del NICE y en Cataluña.
Por otro lado, la rigidez en la gestión de gran parte de las instituciones sanitarias dificulta su óptimo funcionamiento. Organizaciones complejas y obligadas a dar respuestas rápidas y cambiantes malviven dentro del corsé administrativo. Si están sobreviviendo a la crisis del COVID es, en buena parte, porque se ha relajado la burocracia. Estas instituciones no pueden tener niveles de autonomía similares a los de un "negociado" de la Administración: es vital ir hacia un nuevo modelo de gestión pública basado en organizaciones más flexibles, orientadas a la mejora continua de resultados y que fomenten la competencia por comparación.
Por último: hay un elevado índice de burnout entre los profesionales sanitarios. Al esfuerzo realizado durante la pandemia se añade una situación de desgaste que viene arrastrándose desde hace años: las huelgas (que han realizado prácticamente todos los colectivos) reivindican, entre otras cosas, una mejora de las condiciones laborales, mayor autonomía organizativa y más reconocimiento social. Mientras tanto, una creciente proporción de ciudadanos reclama cambios en el sistema (según el último CIS, el 84% cree que es conveniente realizar reformas en la sanidad).
La Comisión Interdepartamental creada en paralelo al Comité de Expertos tiene el deber de pasar de la teoría a la acción y, una vez recibido el documento, antes de finales de año debe presentar una agenda de transformación para poner en marcha las actuaciones propuestas (muchas de las cuales, por cierto, "no cuestan dinero"). Ahora que el mencionado informe ha salido del foco mediático, conviene reflexionar sobre cómo se desarrolla la política sanitaria en respuesta a lo que es urgente y en respuesta a lo que es importante. Parece que la aplicación de los fondos europeos "Next Generation" acelerará reformas necesarias en distintos sectores. Esperemos que la lluvia de millones no sea solo para tapar agujeros, sino que estimule (cuando no obligue) las reformas de la Administración y, especialmente, del sistema sanitario.
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