Declaración de conflictos de interés y transferencias de valor: ¿una nueva estrategia lampedusiana?

“Hace falta que algo cambie para que todo siga igual”. La frase escrita por Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su célebre novela El gatopardo se ha convertido en una figura literaria que expresa de manera cínica una astuta estrategia conservadora de falso cambio para mantener el statu quo.

Los profesionales sanitarios, médicos, gestores, investigadores, etc., tienen una responsabilidad con los pacientes y la sociedad. Estos deben poder confiar en que los profesionales actuarán siempre en su beneficio por encima de sus propios intereses. Sin embargo, prácticas como regalos, suscripciones, libros, material, comidas, gastos de viaje, honorarios por conferencias, asesorías, estudios con fines promocionales, etc. pueden poner en riesgo la independencia de los profesionales y mermar la confianza de pacientes y ciudadanos. "La gran mayoría de los profesionales afirma que su criterio es independiente de este tipo de compensaciones" (1), pero existen "estudios que demuestran que, por ejemplo, los profesionales que las reciben prescriben más medicamentos y más caros que aquellos que no las reciben", incluso si el importe es pequeño, lo que demuestra que el sesgo existe aunque a menudo sea inconsciente (2).

Tras varios escándalos que incluso han sido reflejados en el cine y un acalorado debate en la prensa general, la Administración de Obama legisló al respecto con la Physician Payment Sunshine Act, de obligado cumplimiento desde 2014, que obliga a cualquier empresa que participe en programas federales como Medicare y Medicaid a declarar lo que ellos denominan “transferencias de valor”. Pueden consultar más detalles en el siguiente vídeo:

JAMA, en su página dirigida a pacientes, explica qué es un conflicto de interés, y dónde y cómo puede consultarse la información sobre pagos a profesionales. El objetivo es que pacientes y ciudadanos puedan juzgar por sí mismos si una interacción en particular puede haber influenciado alguna decisión que los afecte.

La iniciativa surge dos años más tarde en Europa, en 2016 (datos de 2015), y lo hace de la mano de la industria farmacéutica. La European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), consciente de la percepción negativa y de la erosión que ha sufrido la confianza en su relación con profesionales e instituciones, implantó un código de buenas prácticas obligatorio para sus asociados. El objetivo, según ellos mismos explican, es mostrarse más abierta y transparente y restituir así la confianza perdida en una relación que, según ellos, ayuda a avanzar a la investigación y la formación de la comunidad médica:

Los datos en Europa no se publican globalmente y agregados por profesionales, sino que cada compañía los publica en su sitio web, lo cual dificulta la trazabilidad. Las empresas que no suscriben el código de la EFPIA no están obligadas por ley a publicar los datos y los profesionales no siempre consienten la publicación de forma nominal (especialmente en España el 15 % el primer año, frente al un 89 % en Suecia).

La pregunta que surge es si la declaración de los conflictos de interés en actos o publicaciones científicas, o esta supuesta transparencia en las trasferencias de valor, tienen algún impacto en el comportamiento de los profesionales.

"No parece que así sea" (3). Según algunos autores, "la declaración de los conflictos de interés puede tener un efecto contrario al supuestamente buscado" (4). Los profesionales y también los pacientes consideran que la mera “declaración” garantiza la integridad de quien la realiza, de manera que queda libre de toda sospecha y, por tanto, puede actuar con libertad sin temor a que su actuación o su criterio pueda resultar sospechoso de algún sesgo o influencia.

Desde la publicación de los primeros datos en 2016, surgió la preocupación de que dichas trasferencias de valor fueran consideradas pagos en especie a efectos del IRPF, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, después de haber dicho que así sería “dio marcha atrás” sin explicar los motivos. Seguramente alguien advirtió al ministro de que el criterio inicial sí habría supuesto una verdadera revolución, no solo para los profesionales, sino también para la industria farmacéutica.

Quizás es pronto para juzgar, y seguramente la declaración de conflictos de interés y la transparencia en las transferencias de valor sean elementos necesarios pero no suficientes para restaurar la confianza en las relaciones entre industria y profesionales. En cualquier caso, hay elementos que hacen pensar que quizás estemos ante un nuevo ejemplo de estrategia lampedusiana que promueve una aparente revolución de la transparencia para que en el fondo nada cambie demasiado.

Referencias

1. Rutledge P, Crookes D, McKinstry B, Maxwell SR. Do doctors rely on pharmaceutical industry funding to attend conferences and do they perceive that this creates a bias in their drug selection? Results from a questionnaire survey. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2003; 12 (8): 663-7. pmid: 14762982.
2. Brax H, Fadlallah R, Al-Khaled L, Kahale LA, Nas H, El-Jardali F, et al. Association between physicians’ interaction with pharmaceutical companies and their clinical practices: A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 2017; 12 (4): e0175493. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175493.
3. Lenzer J. Two years of sunshine: has openness about payments reduced industry influence in healthcare? BMJ 2016; 354 doi: https://doi.org/10.1136/bmj.i4608.
4. Loewenstein G1, Sah S, Cain DM. The unintended consequences of conflict of interest disclosure. JAMA 2012; Feb 15; 307 (7): 669-70.